En las ultimas semanas ha cobrado notoriedad en diferentes medios de comunicación el tema del salario de los funcionarios públicos en México. La agenda de austeridad de la nueva administración federal, ha puesto bajo la lupa el costo de la llamada “alta burocracia”, la cual es considerada por un segmento importante de la población como cara e ineficiente[1]. No es de extrañar que esta es una de las propuestas más populares de AMLO.

De acuerdo con una encuesta publicada por el periódico Reforma el 25 de julio, el 88% de las personas entrevistadas está de acuerdo con la idea de reducir el salario de altos funcionarios y un 67% con despedir a cerca de 200 mil servidores públicos.

Llevar a la practica esto conlleva sus riesgos legales y operativos, pero sus proponentes consideran que esto será posible al reducir las prestaciones que representan alrededor de un 40% de las percepciones de los funcionarios públicos y el eliminar el 70% de las plazas de confianza. En este contexto, la pregunta si se debería reducir el salario de los trabajadores del Estado, ha transitado más a una pregunta de ¿cuánto debería percibir un funcionario público?.

Indudablemente el techo propuesto de 108 mil pesos al mes al presidente marcará la pauta a los poco más de 1.7 millones de funcionarios de la Administración Publica Federal (APF)  quienes representan el 4.9% de la población ocupada del país. La propuesta delineada por el próximo Subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el Dr. Gerardo Esquivel plantea una reducción de los salarios a quienes perciben más de 500 mil pesos al año, es decir, 405 mil servidores públicos o el 23% de la APF[2].  

A grandes rasgos, lo que se busca es compactar las escalas salariales entre niveles. En otras palabras, que los saltos de las percepciones entre una posición y otra no sean tan grandes y con ello generar ahorros que contribuyan al financiamiento de las políticas de desarrollo económico y social de la nueva administración.

Un aspecto que sobresale en esta discusión es la falta de claridad de cómo eficientar un aparato burocrático que se percibe como costoso y con un desempeño que en ocasiones raya en lo mediocridad y  por otro lado el cómo retener personal altamente calificado con salarios competitivos.  En este sentido, los resultados en la inversión del capital humano que ha hecho la APF para tecnificar a la burocracia son paradigmáticos. Vemos por ejemplo que los niveles de escolaridad en el sector público son significativamente más altos que el promedio del mercado laboral.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal 2017, el 52.7% de los funcionarios cuentan con estudios de licenciatura o posgrado, dato contrasta notablemente con el 16.5% de la población ocupada a nivel nacional que reporta la ENOE 2018 , de hecho la presencia de personal con doctorado es 6 veces superior en el sector público que el observado en todo el mercado laboral (Gráfica 1).

No obstante lo anterior, es indiscutible los magros resultados sexenio tras sexenio. Con niveles de pobreza persistentes en torno al 53% desde hace más de 25 años[3], un salario mínimo con un poder adquisitivo estancado y escándalos de corrupción a la orden del día, es entendible el malestar ciudadano.

Gráfica I. Nivel de escolaridad de la APF y la población ocupada en México

Pero entonces, ¿gana o no mucho dinero un funcionario público? De acuerdo con la SHCP, el rango de percepciones de los funcionarios de la APF va de entre 1,640 y 295,887 pesos mensuales (SHCP, 2018). Ciertamente parece muy inequitativo, pero si se analiza las percepciones mensuales por decil, el más alto es 5.7 veces superior al decil más bajo (Gráfica 2). Esto es, el 10% de los funcionarios con percepciones más altas ganan en promedio 5.7 veces el promedio del 10% de los funcionarios con ingresos más bajos. 

¿Quiénes integran ambos grupos? El primer decil,  se encuentra conformado principalmente por oficiales de policía, custodios, médicos, bibliotecarios, pedagogos, etc. y en este grupo, la suma de las percepciones promedio es de 14,008 pesos mensuales, en tanto que el decil más alto es donde podemos encontrar gerentes, directores, directores generales, titulares de unidad, etc y quienes en promedio ganan de 80,908 pesos.  

Si vemos el índice de desigualdad de ingresos entre funcionarios públicos, en realidad existe una distribución más equitativa en los salarios de la APF que el promedio nacional. Vemos por ejemplo que el índice de desigualdad Gini, en este la medida de desigualdad va de 0 a 1; el 0 corresponde a una perfecta igualdad entre todos los individuos (todos los individuos reciben lo mismo) y el 1 es perfecta desigualdad (1 sola persona recibe todo).

El índice Gini de la APF es de 0.30, menor que el estimado por CONEVAL en México en 2016. De hecho, al analizar los diferentes componentes de los ingresos totales vemos que son las percepciones las que ayudan a reducir las brechas entre quienes más y menos ganan en la APF. Tal es el caso de protección al salario, el cual tiene un 0.26.

Pero entonces si la burocracia en México es más escolarizada y con una estructura salarial más equitativa que el promedio nacional ¿por qué se percibe como onerosa? 

El problema central de esta discusión se da en buena medida por que la conversación se entrelaza con las remuneraciones de la clase política del país (que es otro tema de discusión) y la dificultad de discernir estos espacios de los cuerpos técnicos que integran la burocracia. Esto resulta particularmente cierto en la alta dirección, donde la línea entre entre cuadros técnico-políticos resulta más borrosa. De hecho es en este segmento donde típicamente se centra la atención.

El ingreso promedio del centil más alto (es decir el 1%), percibe en promedio 165 mil pesos al mes. Según datos de la OCDE, la percepción promedio de la alta dirección en México, como proporción del PIB es de las más altas registradas, siendo solo superada por Colombia (Gráfica 3). En México, la alta dirección gana en promedio más de 24 veces el PIB per capita anual del país, dato que contrasta con el promedio de la OCED que es de alrededor de 6 veces el PIB per cápita[4], por ello resulta más que creíble el argumento de que ni en los países más desarrollados se gana mejor que en México.

Algunos especialistas sugieren que con los ajustes al salario de los funcionarios públicos generará una fuga de talento a la iniciativa privada, sin embargo, la reducción del 70% de las plazas de confianza anunciado a la par, generará indudablemente una mayor competencia y presión en el corto plazo tanto de quienes traten de saltar a la iniciativa privada y a quienes de plano los aventaron sin querer.

El gran riesgo de esta iniciativa, como lo fue en la implementación de la Reforma Educativa del 2013, es vilificar a los funcionarios públicos de todo lo malo que ha pasado, como lo fue a los maestros en su momento. En este contexto es necesario tener una visión comprensiva, ya que no sólo se trata de ajustar las remuneraciones, será necesario repensar responsabilidades y atribuciones de un Estado más esbelto, eficiente y eficaz que precisará de talento para operarlo.

[1] La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 arroja que el 39% de la población considera que el mal despeño de gobierno es uno de los principales problemas sociales del país. De igual forma el 59.5% considera que en el Gobierno Federal ocurren muy frecuentemente actos de corrupción.

[2] Cifras estimadas a partir de la suma del total de percepciones. Es de notar la falta de claridad respecto a los ajustes propuestos, ya que de solo considerar el total de sueldos y salarios (sin considerar prestaciones) el numero de plazas que percibe más de 500 mil pesos anuales se reduce a 51,085 posiciones, en tanto que que las que superan el techo de 108 mil pesos al mes es de 8,094, esto es el 2.9% y 0.5% respectivamente del total de la APF.

[3] De acuerdo con estimaciones del CONEVAL, el  porcentaje de la población en situación de pobreza (patrimonial) por ingreso paso del 53.1% en 1992 a 52 .9% en el 2016.

[4] De hecho la compensación promedio de los funcionarios en la escala más alta (D1)   presentada en  el reporte de Government at a Glance, es ligeramente menor al promedio de la OCDE y de los Estados Unidos y supera a otros países desarrollados como Corea del Sur, Noruega, Suecia, etc.

Artículo escrito por: Dante Sanchez (@dante_gerardo). Estudiante de doctorado en desarrollo económico por el IHEID.